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La Fiscalía pide investigar al alcalde de Tomares por “prevaricación” en contratos municipales

La Fiscalía pide investigar al alcalde de Tomares por “prevaricación” en contratos municipales

El alcalde de Tomares y senador andaluz del PP José Luis Sanz firmó, desde su puesto al frente del Consistorio aljarafeño una serie de contratos entre 2009 y 2013 a una trama empresarial por más de 800.000 euros, según ha publicado en exclusiva Eldiario.es. Tal y como ha avanzado el digital, lo hizo “con el conocimiento de actuar contra Derecho” y con ayuda de otros funcionarios municipales que fraccionaron contratos y simularon concursos públicos, según la Fiscalía.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tomares ha comunicado a través de una nota de prensa que esta noticia “es una pieza similar a la que en el 2015 archivó el Tribunal Supremo en la que dejó claro que la actuación del alcalde de Tomares, José Luis Sanz, era correcta y ajustada a la legalidad”.

Sanz, según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso eldiario.es, permitió junto a sus concejales que un “complicado entramado empresarial” obtuviese beneficios económicos a costa de las arcas municipales de manera ilegal, lo que para el fiscal supone un delito de prevaricación continuada.

Esas son las conclusiones de un informe de 42 páginas, que ha elaborado el fiscal del ‘caso Tomares’, José María Cañal. El Ministerio Público se refiere al alcalde tomareño a lo largo de todo el escrito como uno más de los investigados en la trama de amaños. La única salvedad que señala el fiscal respecto al resto de imputados tiene que ver con su condición de aforado que mantiene como miembro del Senado. De seguir adelante la investigación, debería asumirla el Supremo.

Sin competencia y fraccionando contratos

Sanz, siempre subraya el digital, se enfrenta ahora a una investigación por su gestión como alcalde que puede llevarle a ser imputado por el Supremo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla indaga desde hace meses sobre los contratos que el consistorio firmó con el grupo de empresas Guerra XXI SL, administrado por Américo Manuel García Pichardo y José Candón Vázquez. En ese grupo empresarial trabaja también María del Carmen Guerra Nieto, a quien el fiscal señala como una pieza fundamental en la trama por su cercanía al interventor del Ayuntamiento de Tomares, junto a quien trabajó durante unos años.

“El informe de la Fiscalía asegura que estos tres imputados crearon un complicado entramado empresarial para resultar beneficiarios de los servicios externalizados del Ayuntamiento. En los concursos municipales que ganaron “se prescindió de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad e igualdad”, exigidos por la ley debido al importe de los contratos. El resultado fue que diversas compañías ganaron las licitaciones, pero los beneficios siempre iban a las mismas personas, que se encontraban tras la red de empresas”, apunta la información del diario digital.

En total son “seis los contratos considerados irregulares por el fiscal”, uno firmado por Antonia Hierro, la anterior alcaldesa, y el resto avalados por el propio Sanz. La mayoría se aprobó sin tramitar expedientes de contratación, a pesar de que así lo exige la ley, y sin competencia en el concurso, lo que “impide a la administración obtener una rebaja del precio de los servicios”. En algunas ocasiones, el objeto del contrato no coincidía siquiera con la actividad que desarrollaba la empresa adjudicataria.

A través de uno de esos contratos, el Ayuntamiento externalizó el servicio de la radio municipal a Guerra XXI, que contrató para ese fin a cuatro redactores. El contrato inicial se prorrogó en varias ocasiones a pesar de que la ley no lo permite. Además, el contrato inicial era de 41.829 euros, pero el grupo empresarial acabó facturando al Ayuntamiento 52.451 euros porque cargó también cursos de formación y el gasto en reconocimientos médicos de los trabajadores de manera irregular.

En otro de los contratos investigados, el grupo empresarial se embolsó más de 100.000 euros por tareas de reparto de material publicitario, aunque en esta ocasión “ni siquiera se firmó contrato alguno”, subraya el Fiscal, que ha tenido conocimiento del gasto tras encontrar 143 facturas “relativas a estas labores”.

Ese es otro de los objetivos que llevan al ministerio público a señalar las preguntas ilegalidades: los contratos siempre se fraccionan en facturas por menor importe, algo contrario a la ley. Por ejemplo, el que se firmó con ENUNPISPAS, otra de las sociedades del grupo, que se embolsó 200.000 euros repartidos en 23 facturas. En esa adjudicación la empresa relevaba en la concesión de la radio municipal a otra compañía del mismo entramado, en una nueva irregularidad que recogió en su informe el perito designado por el juzgado.

“Colaboración del Ayuntamiento en los amaños”

Tras analizar todos los contratos, el fiscal concluye, según lo publicado, que la red de empresas contó con “la colaboración de personas pertenecientes al Ayuntamiento de Tomares”, a sabiendas “todos ellos” de que “se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. El fiscal cree que, al menos, los hechos suponen un delito de prevaricación de manera continuada al haberse producido “en una serie de contratos a lo largo de varios años”.

Al final del escrito, el fiscal recuerda que existe “una persona aforada al ostentar acta de senador -en referencia a Sanz-, sobre el que “pesan los indicios que se han descrito”, y deja en manos de la jueza la decisión de elevar la causa al Tribunal Supremo.

La jueza del caso aún está pendiente de la últimas diligencias del caso para resolver, y enviar o no una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a Sanz. Según fuentes jurídicas, tomará la decisión en las próximas semanas, porque el caso está ya muy avanzado. Además, tendría que decidir si envía solo la parte de la causa que afecta al Senador, o pide al Supremo que asuma toda la investigación.

En el caso están imputados varios concejales del Ayuntamiento de Tomares, como Eloy Carmona (Presidencia) , José María Soriano (Juventud y Deportes) y Miguel García de la Rosa (Hacienda).

No es la primera vez que el nombre de Sanz aparece vinculado a una investigación sobre corrupción sobre su gestión en el consistorio sevillano. El Supremo archivó en 2015 una causa contra Sanz vinculada al mismo ayuntamiento, al no apreciar delito  en la contratación a dedo de un asesor municipal .

Defensa del Ayuntamiento de Tomares

Por su parte, el Ayuntamiento de Tomares ha comunicado a través de una nota de prensa que la “noticia aparecida hoy en algunos medios de comunicación es una pieza similar a la que en el 2015 archivó el Tribunal Supremo en la que dejó claro que la actuación del alcalde de Tomares, José Luis Sanz, era correcta y ajustada a la legalidad”.

“Hay que recordar que el pasado mes de agosto el Juzgado número 8 de Sevilla archivó también la causa que seguía abierta sobre el Ayuntamiento de Tomares, es decir, la misma que ya había sido archivada dos años antes por el propio Tribunal Supremo, por lo que equipo de Gobierno está convencido de que esta pieza seguirá igual camino y también será archivada”, subraya el comunicado.

La pieza separada de la que hoy se hacen eco algunos medios de comunicación, fue una noticia que, junto al archivo, ya fue publicada por los medios los días 22 y 23 de agosto.

Esta pieza separada alude a la existencia de una presunta trama de empresas que se habrían beneficiado de contratos con el Ayuntamiento de Tomares entre los años 2007 y el 2014. “Sin embargo, es muy llamativo que las empresas fueron creadas entre los años 1995 y 2009, es decir, doce años antes de llegar José Luis Sanz a la alcaldía, y que iniciaron su contratación con el Ayuntamiento en tiempos del PSOE”.

La “supuesta trama empresarial”, tras un año sin contratar con el Ayuntamiento, volvió a tener relaciones comerciales con el Consistorio a través del entonces socio del Gobierno del PP que no era otro que el concejal del PA, Alberto Mercado, que está imputado es esta causa. Es decir, que en la supuesta trama estarían implicados, según el informe del Fiscal, tres grupos políticos, PSOE, PA y PP.

El grueso de la contratación tiene causa en el contrato de la Televisión de Tomares, y se trata de un problema jurídico complejo, pues las partes han tenido que recabar informes jurídicos a especialistas sin que estos se pongan de acuerdo en el tipo de contratación, si bien este tipo de contratos en otras administraciones tienen la consideración de privado.

La investigación se basa en cuestiones sobre la aplicación del derecho y no de corrupción, recordando que en el Ayuntamiento de Tomares todos los contratos y los pagos correspondientes a los mismos fueron informados por funcionarios de carrera y, no solo por uno, sino que las plazas de secretario e interventor fueron ocupadas durante esos años por varios, y ninguno de ellos hizo objeción alguna o reparo.

“La investigación se viene produciendo desde el año 2014, lo que evidencia que tras una labor de investigación sin precedentes, la Fiscalía solo atribuye una circunstancia de interpretación del derecho y que el Supremo, en un tema similar como hemos manifestado anteriormente, dijo en 2015 que se ajustaba a derecho la actuación del alcalde de Tomares”, apunta el Ayuntamiento en un comunicado.


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