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Tomares consulta a Diputación por las ayudas de Sport Aljarafe

Tomares consulta a Diputación por las ayudas de Sport Aljarafe

Los afectados reclaman subvenciones “lineales” para todas las familias desalojadas y los juristas de la institución provincial resolverán sobre su viabilidad o no

 

Continúa el conflicto de las familias desalojadas de la urbanización Sport Aljarafe, ubicada en Tomares, por el riesgo de deslizamiento que sufre la ladera donde se asientan estas viviendas.  Después de que el colectivo alegase frente a las bases de la nueva línea de subvenciones promovida por el Ayuntamiento para ayudarles con los gastos extraordinarios afrontados por los desalojos, las ayudas siguen pendientes de aprobación y ahora la pelota está en el tejado de la Diputación de Sevilla.

La citada línea de ayudas, aprobada provisionalmente en marzo por el pleno del Ayuntamiento de Tomares, regula subvenciones de hasta 600 euros, hasta finales de 2019 o tres meses después de la consolidación de la ladera, para costear los alquileres alternativos afrontados por las familias de las once viviendas de Sport Aljarafe desalojadas por los riesgos de deslizamiento del escarpe.

Pero las familias afectadas, que durante 2016 contaron con ayudas mensuales de 400 euros, han alegado contra las bases de la nueva línea de subvenciones, bajo la premisa de que sus requisitos son demasiado “excluyentes”.

Según aseguraba una de las personas desalojadas, las condiciones incluían aspectos como el “empadronamiento histórico” en Tomares, cuando algunos afectados se han mudado a otros municipios en busca de alquileres asequibles. Otro de los requisitos para acceder a la nueva línea de ayudas, según esta portavoz del colectivo, sería la acreditación de una situación de posible “riesgo de exclusión social” a causa del desalojo, toda vez que “entre las familias desalojadas hay situaciones muy variadas”.

Sin acuerdo

Los requisitos iniciales de la nueva línea de ayudas eran tan “excluyentes”, según los afectados, que en principio sólo dos de las once familias entraban en los supuestos admitidos. Y aunque el Ayuntamiento habría aceptado algunas de las alegaciones promovidas por las familias contra las bases de las nuevas subvenciones, las modificaciones sólo permitirían que accediesen a los fondos “entre cuatro y seis” de los núcleos familiares.

Ante la falta de acuerdo, el pleno celebrado por el Ayuntamiento a finales de mayo para resolver las alegaciones a las bases de las nuevas ayudas concluyó sin aprobar ningún aspecto, mientras las familias siguen esperando las subvenciones. Y es que desde que expirase la línea de ayudas de 2016, los desalojados no habrían recibido nuevos fondos por parte de las instituciones.

En ese sentido, una portavoz del colectivo de familias ha explicado a MRN Aljarafe Magazine que los afectados reclaman “ayudas lineales” ceñidas al único “hecho objetivo” de residir en la urbanización Sport Aljarafe y haber sido objeto de desalojo, lo que obviamente abarcaría a “a la totalidad” de los afectados.

Estas pretensiones, no obstante, colisionarían con los criterios del área de Bienestar Social del Ayuntamiento. Dicho departamento, dirigido por la concejal María del Carmen Ortiz, estaría insistiendo en que las subvenciones deben estar sujetas a requisitos de “exclusión social”.

Pendientes de la Diputación

Dado el caso, y según han confirmado a MRN Aljarafe Magazine fuentes municipales, el Ayuntamiento de Tomares ha elevado una consulta a los servicios jurídicos de la Diputación, para que sus especialistas diluciden si conforme a las leyes que regulan las subvenciones, es posible conceder las mencionadas ayudas lineales. Los juristas de la Diputación, además, habrían de resolver si es posible compatibilizar las subvenciones al alquiler, con ayudas adicionales para otros aspectos como las mudanzas o los gastos por el depósito y custodia de los muebles de los afectados.

Y a la espera de una respuesta por parte de los servicios jurídicos de la institución provincial, los afectados volvían recientemente al pleno del Ayuntamiento de Tomares, para visibilizar su situación.  “Llevamos ya siete meses sin ayudas y esta situación tiene un impacto brutal en las vidas de las familias, porque estamos pagando los costes de las casas desalojadas y de las viviendas provisionales”, lamentaba recientemente la portavoz del colectivo.

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