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Sanción a un funcionario de Guzmán por faltar a su puesto de trabajo

Sanción a un funcionario de Guzmán por faltar a su puesto de trabajo

El alcalde de Castilleja de la Guzmán, Tasio Oliver, de IU, ha tomado medidas ante el caso de un empleado municipal que habría incurrido en repetidos incumplimientos de sus obligaciones laborales, deduciéndole 94 euros de su nómina de marzo.

 

Según se detalla en un decreto de Alcaldía firmado por el propio alcalde, al que ha tenido acceso MRN Aljarafe, a finales de febrero, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán acordó incoar un expediente disciplinario a uno de sus empleados, por “incumplir de modo injustificado” su horario de trabajo los días 25 y 27 de enero de este año, la “falta de asistencia injustificada a su puesto” el día 26 de enero, y el “incumplimiento injustificado del horario de trabajo y obligaciones el 1 de febrero”.

Aunque el expediente sancionador fue comunicado tanto al empleado municipal en cuestión, como a los representantes sindicales de la plantilla del Ayuntamiento, no medió “alegación alguna” por ninguna de las partes. Dado el caso, los hechos aludidos, es decir los “incumplimientos injustificados” del trabajador respecto a sus horarios y obligaciones, fueron declarados como “hechos probados”.

A tal efecto, el alcalde invoca en su decreto el propio convenio colectivo del Ayuntamiento, que considera como falta leve aspectos como “el incumplimiento injustificado del horario, cuando no suponga falta grave”.

“Nos encontramos ante unos cargos constitutivos de faltas tipificadas como leves”, zanja el primer edil, que dada la “falta de atención y obediencia mostrada por el trabajador al encargado de obras y servicios y al concejal”, da por “válido” el expediente disciplinario, sancionando al empleado municipal con “una deducción proporcional de dos días de salario de las retribuciones del mes de marzo de 2017”, lo que asciende a la “cantidad bruta” de 94,16 euros.

Y eso no es todo, porque pocos días después de emitir dicho decreto, el primer edil rubricaba una nueva resolución, requiriendo al mismo empleado municipal que acreditase “la situación de baja médica” comunicada por el mismo a comienzos de marzo, porque “desde entonces” y al menos hasta la firma de dicho documento, el trabajador no había “aportado partes de confirmación de baja ni acudido a su puesto”.

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