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La sentencia del Parque Comercial Vega del Rey, imposible de ejecutar

El juzgado accede a la petición de la junta de compensación y del Ayuntamiento de Camas porque la zona está ya “urbanizada”, y opta por resolver el conflicto con “una indemnización”

 

vega del Rey. Camas. Centro ComercialGiro en el caso de la sentencia que anula la aprobación de los estatutos y bases de la junta de compensación Vega de Triana y de la unidad de ejecución del plan parcial 6 de El Manchón, correspondiente al parque comercial Vega del Rey. Aunque dicha sentencia ordenaba “retrotraer” el procedimiento a una fase inicial del mismo, la evolución del caso apunta a soluciones muy lejos de medidas drásticas como los derribos.

El litigio, de gran impacto mediático a cuenta de su incidencia en el destino de la unidad de ejecución del plan parcial número 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Camas, en el entorno de El Manchón, se resume en un auto emitido el pasado 31 de enero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once.

En dicho auto, en poder de MRN Aljarafe, el mencionado juzgado rememora que en junio de 2016, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a dos parejas de hermanos, respecto a su “solicitud de revisión” de la aprobación definitiva, allá por 2002, del proyecto de estatutos y las bases de actuación de la junta de compensación Vega de Triana, constituida para ejecutar el plan parcial número 6 del planeamiento urbano de Camas.

En su sentencia, el TSJA estimaba el recurso contencioso administrativo de las citadas familias, revocaba la resolución inicial del Juzgado número 11, y anulaba la aprobación definitiva de los mencionados aspectos, ordenando “retrotraer el expediente al momento en el que deberían haberse practicado las notificaciones personales e individualizadas a los propietarios afectados” por la ejecución del desarrollo urbanístico planeado en la mencionada zona de El Manchón, perteneciente al término municipal de Camas.
Contraprestaciones sin percibir

Y es que las familias promotoras de este litigio, propietarias de terrenos afectados por la operación urbanística, habrían sido excluidas de la misma, siendo supuestamente privadas de sus derechos como titulares de los suelos y por tanto de las “contraprestaciones” correspondientes a la afección a sus parcelas.

El caso es que frente a dicha sentencia del TSJA, de gran impacto mediático dados los múltiples espacios comerciales, edificios de oficinas e incluso viviendas que pueblan el entorno urbano en cuestión, la junta de compensación Vega de Triana y el Ayuntamiento de Camas, gobernado por Rafael Recio, solicitaron que el juzgado que originalmente había asumido el asunto declarase la “imposibilidad de ejecución de la sentencia en los términos establecidos”. Es decir la imposibilidad de retrotraer las actuaciones a una fase tan inicial de las mismas, y determinar “su sustitución por una indemnización”.

Y aunque las familias promotoras del litigio se opusieron a tal extremo, lo cierto es que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 ha accedido a la medida solicitada. Así, dicha instancia judicial ha declarado “la imposibilidad material de ejecutar la sentencia”. “Existe una imposibilidad material ineludible para el cumplimiento de la sentencia dictada por el TSJA en sus términos estrictos”, expone el juzgado.

Proyecto finalizado

En su auto del 31 de enero, el juzgado insiste así en la “imposibilidad material” de anular “todas las actuaciones posteriores llevadas a cabo por la junta de compensación y el Ayuntamiento de Camas para el desarrollo urbanístico”, porque “tras el transcurso de más de diez años, el proyecto de ejecución ha finalizado, encontrándose la zona actualmente completamente urbanizada”.

A tal efecto, el juzgado invoca un fragmento de la mencionada sentencia del TSJA, en la que el Alto tribunal de Andalucía alude ya a la posible “imposibilidad material o legal de ejecutar en todo o en parte la decisión judicial, que pudiera derivarse del grado de ejecución del proyecto”, reconociendo que “cabría la fijación de una indemnización por la parte en la que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno” la sentencia.

“Teniendo en cuenta dicho fundamento jurídico y que el proyecto de urbanización se encuentra finalizado, debe declararse la imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia, y fijar una indemnización en favor de los recurrentes”, zanja el juzgado de origen del litigio, reclamando a las partes en conflicto sus “propuestas de indemnización”. Frente a este auto, no obstante, una de las familias promotoras del litigio habría formulado un recurso de apelación frente al propio TSJA.


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