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Almensilla, con F de fraude

Almensilla, con F de fraude

El juzgado de Coria del Río estrecha el cerco a los responsables del supuesto desfalco de 3,7 millones de euros en el Sector F de Almensilla — La investigación se centra en cuatro investigados, entre ellos un alto cargo de la Junta de Andalucía

Cuando el río suena, agua lleva. El refranero popular suele acertar y así lo ha hecho en el caso del controvertido Sector F de Almensilla, en el que las quejas y avisos de los parcelistas sobre las cuentas de la junta de compensación constituida para urbanizar la zona estallaron con la huida del tesorero de dicha entidad, después de confesar que se había apropiado del dinero mancomunado.

El desfalco, que podría superar los 3,7 millones de euros según cálculos de la Policía Nacional, habría comenzado en 2006 con efectos sobre los aproximadamente 600 parcelistas del Sector F, y ha acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel nacional, por sus paralelismos con el caso de Dionisio Rodríguez, más conocido como El Dioni y protagonista en 1989 de la famosísima desaparición de 289 millones de las antiguas pesetas, del furgón blindado que custodiaba como vigilante de seguridad.

La historia del Sector F de Almensilla, una zona de parcelas que arranca desde un vial que parte de la carretera autonómica A-8054, poco antes de la llegada al casco urbano de este municipio desde Mairena del Aljarafe o Palomares del Río, está plagada de conflictos y problemas prácticamente desde su comienzo.

“Os meto en un problema, pero no tengo forma de solucionarlo No sé qué voy hacer”, explicó ‘El Dioni’

Pepe, uno de los veteranos parcelistas que encabeza la plataforma de afectados por el desfalco perpetrado en la cuenta mancomunada de la junta de compensación, comenta a MRN Aljarafe que fue allá por los años 70 cuando arrancó la construcción de viviendas en este entorno. Los suelos, adquiridos como meros huertos según recuerda, eran utilizados para la construcción de viviendas “sin licencia y sin nada”, en una época en la que la expansión urbanística del Aljarafe estaba aún por llegar. Fue a comienzos de los años 90, según rememora, cuando el Ayuntamiento de Almensilla y la Junta de Andalucía instaron a los propietarios de estas parcelas a “urbanizar” el entorno y dotarlo de los correspondientes servicios públicos.

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Así, en 1992 nacía la junta de compensación del Sector F, con la obligación de que cada uno de los más de 400 parcelistas del momento aportase 49 pesetas de la época por cada metro cuadrado de sus suelos, para comenzar a financiar un proyecto de urbanización del entorno. “Pero todo el mundo no pagó esas 49 pesetas por metro cuadrado”, puntualiza este miembro de la plataforma de afectados y corroboran desde la dirección de la junta de compensación.

Más adelante, después de concertar en 2004 un préstamo de 10,5 millones de euros “para urbanizar todo el sector”, las obras fueron paralizadas a finales de 2005, al ser descubierto que muchos de los cerca de 450 parcelistas habían “segregado” parte de los suelos que poseían, vendiéndolos a terceros, hasta el punto de elevarse a unos 600 el número final de parcelistas. La segregación de los suelos, según este portavoz de la plataforma de afectados, era un extremo expresa y taxativamente “prohibido” por las autoridades. La ampliación del número de parcelas, según abunda Pepe, causaba además que “el proyecto de urbanización no se ajustase a la realidad física del sector”, porque por ejemplo, en los viales “había más contadores de luz o arquetas de lo que preveía el proyecto” de urbanización.

A partir de ahí, la narración de este parcelista arroja toda una catarata de despropósitos. Con el proyecto de urbanización del sector ejecutado “quizá al 50 por ciento”, en 2008 la nueva directiva de la junta de compensación contrató un nuevo proyecto de urbanización y “levantó todo lo que se había hecho” con el proyecto anterior, que había quedado desfasado, “salvo las conducciones de saneamiento” de agua. Ya en 2009, la junta de compensación aprobó una derrama de siete euros por metro cuadrado por parte de cada parcelista y dos años después, en 2011, fue acordada una nueva derrama de cinco euros por metro cuadrado, “para pagar” las nuevas obras. “En 2010 sospechábamos ya que las cosas no iban bien. Las cuentas (de la junta de compensación) no se daban y creíamos que faltaba dinero”, rememora este cabecilla de la plataforma de afectados, antes de pasar a narrar el momento en el que “el pájaro echó a volar”.

Los peores augurios

Porque en mayo de 2015, mientras la directiva de la junta de compensación preparaba una reunión para reestructurar el préstamo concertado en 2004 con el banco Santander, un correo electrónico remitido por el tesorero de la entidad, Julio Mateos Palacios, confirmó los peores augurios de los parcelistas y dinamitó literalmente el futuro del Sector F. “Me es muy difícil escribir esto, pero no tengo fuerzas para decíroslo ni siquiera por teléfono. He cogido dinero de la junta (de compensación) y he intentado desde enero acelerar unas ventas para reponerlo, pero no lo he conseguido. Sé que os meto en un problema, pero no tengo forma de solucionarlo ahora mismo. No sé qué voy hacer, estoy simplemente deambulando, pensando. En fin, no sé qué deciros más, solo pediros perdón. Como podéis imaginar no tengo ánimo ninguno de ir a la reunión, mañana os llamo y hablamos”, figuraba textualmente en dicho correo, que naturalmente hizo saltar todas las alarmas.

“Las cuentas no se daban y creíamos que faltaba dinero”, rememora Pepe, uno de los cabecillas de la plataforma

Desde ese momento, todos los intentos por localizar al tesorero en su teléfono móvil o en su oficina de Mairena del Aljarafe, ubicada en la avenida de San Juan, cayeron en saco roto y el asunto acabó, claro está, en denuncias ante la Policía Nacional.

Con Julio Mateos Palacios en paradero desconocido, el juzgado mixto número uno de Coria del Río arrancaba una investigación de la que, poco a poco, iba trascendiendo que el desfalco podía elevarse a varios millones de euros. “Hay una extracción constante de dinero desde 2009”, adelantaba al respecto Rosa Bayot, también miembro de la plataforma de parcelistas, en una de las protestas del colectivo. Pero Julio Mateos comenzó a ser conocido como ‘el Dioni de Almensilla’ cuando, meses después de su desaparición, trascendió que se ocultaba nada más y nada menos que en la República Dominicana, continuando con los negocios de comercialización de aceite de oliva en los que estaba enfrascado antes de su huida.

Para ese momento, la investigación emprendida por el Juzgado mixto número uno de Coria se había saldado ya con la imputación de no pocas personas que pertenecían o habían pertenecido a la directiva de la junta de compensación, entre ellas el presidente y el secretario de la directiva de la entidad, Francisco Carvajal y Juan Carlos Aguilera, respectivamente; el expresidente de la misma y exconcejal socialista Ismael Perea, y los exalcaldes de Almensilla José Carlos López (IU-CA) y Carlos Ufano (PSOE), acusados todos ellos de un presunto delito de apropiación indebida, junto al ‘Dioni’ de Almensilla.

Con una orden internacional de búsqueda y captura plenamente en vigor y no pocos esfuerzos por parte de la Policía Nacional, el pasado mes de agosto expiraba finalmente la aventura caribeña de Julio Mateos, después de que las autoridades de la República Dominicana le deportasen a España por su situación ilegal en dicho país.

Su arresto en el aeropuerto de Madrid-Barajas, seguido de un gran impacto mediático, hizo trascender posteriormente que como temían los parcelistas, el desfalco de la cuenta mancomunada de la junta de compensación se remontaría a 2006 y se elevaría a algo más de 3,7 millones de euros. “Prevaliéndose de su posición, se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero”, señalaba la Policía Nacional sobre Julio Mateos, a quien se le atribuyen además presuntos delitos de estafa y contra la salud pública, por la venta fraudulenta de aceite de oliva virgen extra adulterado y no apto para el consumo humano.

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“No es el único culpable”

El ‘Dioni’ de Almensilla, de cualquier modo, ha dado con sus huesos en la cárcel y mientras la investigación judicial sobre el desfalco del Sector F sigue adelante, entre los afectados hay quienes consideran que Julio Mateos no es “el único culpable” de la desaparición del dinero mancomunado.

Desde la directiva de la junta de compensación, con su presidente y su secretario general imputados en las diligencias judiciales a cuenta de sus cargos, insisten no obstante en que el ‘Dioni’ era la única persona con acceso y control de la cuenta mancomunada de la junta de compensación. “Tiene que estar en la cárcel hasta que devuelva hasta el último céntimo. Ha arruinado a muchas familias”, enfatizaba el presidente de la directiva, Francisco Carvajal. Pero suceda lo que suceda con Julio Mateos, lo que es seguro es que la solución para el Sector F de Almensilla sigue estando lejos. Porque como explican desde la plataforma de parcelistas afectados, a día de hoy “a la zona le falta de todo”.

Basta una mera visita a este entorno de parcelas, de hecho, para comprobar que más allá de la urbanización y las dotaciones acometidas en la carretera que sirve de eje al sector, -la antigua vereda-, muy pocos de los caminos rurales o pistas en torno a los cuales se levantan las parcelas han sido convertidos en calles como tal.

Sin servicios

“Queda por hacer casi 95 por ciento del sector”, concluye indignado uno de los afectados, toda vez que un paseo por la zona pone de relieve que en la mayoría de los casos, lo que deberían ser calles urbanizadas con todas sus dotaciones públicas son caminos rurales verdaderamente en bruto, repletos de baches, grietas, escombros y basura, donde abundan los pozos ciegos, el alumbrado público brilla por su ausencia y el tendido eléctrico está sostenido mediante líneas aéreas y torres, ya desterradas de cualquier paisaje urbano moderno. Es ahí donde Francisco Carvajal, presidente de la directiva de la junta de compensación, precisa que aunque es cierto que “las calles están en bruto”, el proyecto de urbanización y ordenación del sector alcanzaría un grado de ejecución de cerca “del 40 por ciento”, porque “el alcantarillado y la canalización del agua potable, que van bajo tierra y son lo más costoso, está acometido casi al 90 por ciento”.

Carvajal, en ese sentido, defiende además que tras ser suspendida la reestructuración del préstamo de 2004 al ser descubierto el desfalco, la junta de compensación firmó en marzo de 2016 un nuevo “acuerdo” con el Banco Santander para satisfacer la deuda contraída. “Aquello hay que acabarlo. Tengo fe en que las obras se van a retomar”, asegura el presidente de la junta de compensación.

La alcaldesa Agripina Cabello avisa del problema social del conflicto en el Sector F

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