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El juez observa

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El juez observa ‘negligencia’ pero descarta delito en un contrato verbal municipal

Sobreseída una causa incoada en 2015 tras la denuncia del Ayuntamiento de Tomares contra su exconcejal Faustino Rodríguez

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha sobreseído una causa incoada en 2015 como consecuencia de una denuncia del Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el popular José Luis Sanz, contra el que fuera concejal delegado de Vías y Obras durante el primer mandato de Sanz como alcalde y actual edil de Ciudadanos, Faustino Rodríguez. El juez constata “una contratación verbal asumida por el Ayuntamiento”, pero sólo atisba “una mala gestión del gasto y una conducta negligente” más allá de “uno sólo de los concejales”.

En un auto emitido el pasado 12 de abril, la instancia judicial subraya que la denuncia del Ayuntamiento tomareño contra su exconcejal de Vías y Obras Faustino Rodríguez se produjo en mayo de 2015, mes en el que se celebraron las últimas elecciones muniCipales, con Faustino Rodríguez concurriendo a las mismas por

ciudadanos tras haber formado parte del Gobierno municipal del PP entre 2007 y 2011.

Según el juzgado, la denuncia atribuía “irregularidades” a este concejal cuando dirigía el área de Vías y Obras durante el primer mandato del PP en el Gobierno municipal de Tomares, por “contrataciones verbales de servicios de retirada de cubas de escombros por importes anuales de 60.000 euros sin presupuesto y sin ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público”.

El denunciado, de su lado, defendía que “no suscribió ni por escrito ni verbalmente contrato alguno, toda vez que no estaba facultado para ello”, sino que sólo “propuso dicha contratación” y “su labor se limitó a certificar la realización del servicio y firmar como proponente de la propuesta de gasto, visada por el interventor, el alcalde y el edil de Hacienda”.

DESAVENENCIAS. El auto constata tal extremo dadas las “propuestas de gasto refrendadas por el alcalde y el interventor”, y manifiesta “una mala relación entre las partes fruto de desavenencias políticas”. “Nos encontramos ante una contratación verbal, asumida por el Ayuntamiento de Tomares cuanto menos desde 2008 hasta finales de 2010, no siendo hasta mayo de 2015 cuando se decide denunciar”, señala el auto.

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